Un pleito laboral frena los cursos a los
desempleados
Traballo ha eliminado más del 90 por ciento de la actividad formativa del Santa María de Europa por la demanda de profesores autónomos, que reclamaron con éxito su vinculación profesional
Veinte profesores de Formación Ocupacional, entre ellos tres de la provincia, se encuentran inmersos en procesos ante los tribunales para que se les reconozca su vinculación laboral con la Xunta de Galicia. Los últimos fallos judiciales conocidos dan la razón a los docentes, la mayoría autónomos que llevan años trabajando para la Administración. Por ello, después de que la vía administrativa (ante la propia Xunta) les negase la razón, ahora acuden con éxito a la Justicia.
Una de las últimas sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social número uno de Ourense estima la demanda presentada por uno de los profesores del Centro Santa María de Europa de la ciudad. El juez considera probado que, después de haber encadenado contratos administrativos desde el año 1994 hasta la actualidad, 'existe una relación laboral indefinida-discontinua entre las partes', el trabajador y la Xunta. Condena, por ello, a la Consellería de Traballo a reconocer tal situación. Para fundamentar el fallo, el juez estima que es 'la Consellería la que fija los horarios de trabajo, la duración de los cursos y su contenido' y la que, 'cuando un docente no puede acudir a las clases', da permiso para que se ausente. Fuentes cercanas al caso consultadas ayer explicaron que 'la sentencia deja patente que se encubrió una relación laboral' y que este conflicto originó que se le suspendiesen al centro los cursos que tradicionalmente impartían los docentes autónomos, a excepción, claro, de las únicas tres acciones formativas que podrían impartir funcionarios, de los que también dispone el mencionado centro.
Esta realidad ha abocado al Santa María de Europa a una merma en su programación, ya que aunque realizó una propuesta para este año de 41 cursos -dirigidos a desempleados-, la Administración sólo le aprobó tres, los que tendrían que ser impartidos en exclusiva por docentes funcionarios, no por contratados. Este conflicto, por tanto, afecta tanto a docentes contratados como a los destinatarios de las propias acciones formativas, que deben recurrir a otro tipo de centros, los privados, para formarse.
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